Más Sobre CC y PP

Teniendo en cuenta esta forma de gobernar que tienen.... comienza a ser serio el plantearse que los que los votaron, los vuelvan esta vez a BOTAR

EFE, Tenerife

Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) hicieron valer ayer su mayoría para dar el penúltimo empujón a la controvertida Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo.

En la comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, nacionalistas y populares aprobaron el dictamen sobre el proyecto de Ley y lo dejaron listo para su aprobación en el pleno del Parlamento de Canarias de la próxima semana, después de rechazar 51 de las 52 enmiendas presentadas por los socialistas.

Los partidos que sustentan al Gobierno también se opusieron a la propuesta socialista de solicitar un informe al Consejo Consultivo sobre la posible inconstitucionalidad o adecuación al Estatuto de Autonomía sus enmiendas al texto.

Las Medidas Urgentes pretenden, entre otras cuestiones, "mejorar la calidad de los servicios turísticos y evitar más sentencias contra la Comunidad Autónoma por la suspensión indefinida de nuevas edificaciones hoteleras como consecuencia de la aplicación de la Ley de Directrices", apuntó el portavoz de CC en el citado órgano parlamentario, José Miguel González.

"Ha habido sentencias contra la Comunidad Autónoma por el lucro cesante causado por promociones turísticas paralizadas por las Directrices, por tanto esta nueva legislación pretende dar alternativas a los que tienen derechos edificatorios para evitar que los tribunales impongan indemnizaciones a la Administración", reiteró González, quien incidió en que el proyecto de ley autoriza la clasificación de nuevo suelo turístico en determinadas condiciones y siempre que se desclasifique suelo ya previsto para esta actividad". No obstante, precisó que "no habrá ni un metro cuadrado más" de suelo turístico.

En el mismo sentido, Miguel Jorge, del PP, añadió que "el texto es bueno porque mejora y simplifica las leyes actuales".

Reforma global

Por su parte, el portavoz del PSC, Manuel Fajardo, insistió en que en que la actividad turística requiere una "reforma global", y no "medidas improvisadas como las de la Ley de Medidas Urgentes, que implican más clasificación de nuevo suelo turístico".

Fajardo remarcó que gran parte de la sociedad percibe el proyecto de ley como un intento de bordear la Ley de Directrices en asuntos como los criterios para autorizar hoteles de cinco estrellas de gran lujo.

"No es de recibo que en plena crisis se hagan estos experimentos", reflexionó el diputado socialista, quien apuntó que "algunos empresarios ya saben cuáles son los requisitos que han de cumplir porque, de lo contrario, ninguno invertiría en establecimientos de este calibre".

En este punto, el representante nacionalista reprochó a la oposición que no hayan aceptado negociar este proyecto de ley y su escasa voluntad de consenso, a lo que el diputado socialista contestó que "los consensos no se imponen, sino que se intentan".

Por otro lado, Manuel Fajardo denunció que el proyecto de Ley de Medidas Urgentes favorece la construcción de edificaciones relacionadas con el ocio y residenciales, o la ubicación de equipamiento sanitario o educativo.

Sin embargo, José Miguel González matizó que lo que se permiten "son instalaciones relacionadas con actividades complementarias a las expropiaciones agrarias o para los procesos de transformación de los productos, una demanda del propio sector".

En relación con el suelo industrial, el diputado del PSC criticó la posibilidad de que el Gobierno de Canarias pueda determinar la ubicación de industrias en suelo rústico cuando sean declaradas de interés estratégico, "cuando en las Islas existe suelo industrial vacante". En esta línea, Fajardo criticó también la asunción de numerosas competencias en planificación territorial por parte del Ejecutivo regional en detrimento de cabildos y ayuntamientos.

José Miguel González, en cambio, negó este hecho y remarcó que lo que se hace es reservar el derecho a actuar cuando las administraciones insulares y locales "demuestren inacción".